Levante, 29/10/2002

Favoritismo en la función pública valenciana

Antoni Such - Secretario de Administraciones Públicas del PSPV-PSOE

Si algo ha caracterizado la gestión del PP valenciano durante todos estos años de gobierno Ðo desgobierno, según se mireÐ ha sido su capacidad de hablar por hablar. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el ámbito de la Función Pública valenciana. En innumerables ocasiones hemos escuchado al conseller del ramo asegurar que iba a solucionar la situación de los interinos valencianos. Incluso el propio Zaplana, en uno de sus habituales alardes de tahúr político, retrucó sobre esta cuestión en el parlamento autonómico antes de su huida a Madrid asegurando que sus propuestas resolverían la incertidumbre que padecen miles de interinos y servirían además para profesionalizar la gestión de la administración autonómica. Una declaración de intenciones que camuflaba una mentira más; un nuevo incumplimiento del PP que pone en entredicho su credibilidad. Los calentones verbales de Zaplana en la tribuna de las Cortes Valencianas empiezan a pasarle factura, tal vez por ello haya preferido cambiar de tribuna e irse a mentir a otra parte. Lo cierto es que, más allá de la habitual palabrería zaplanista, la falta de un proyecto político y la nefasta gestión del PP en esta materia ha provocado el caos y el desconcierto en la administración autonómica. Un caos y un desconcierto que pagan, como siempre, las ciudadanas y ciudadanos de esta Comunidad.

Es conveniente, de cuando en cuando, recorrer el trecho que va del dicho al hecho, sólo así podremos comprobar la distancia real entre ambos. Por ejemplo, en el programa electoral que el PP valenciano presentó ante la ciudadanía en 1995 se afirmaba que la administración valenciana era desmesurada y que existían demasiados cargos de libre designación. Por aquel entonces el número de cargos designados libremente en nuestra administración autonómica ascendía a 300. En la actualidad esa cifra casi se ha triplicado por obra y gracia de Zaplana y el PP valenciano, superando ya los 800. Y eso que en el mencionado listado no incluimos a los amiguetes del PP que han sido colocados a dedo al frente de numerosas empresas públicas valencianas. Otro ejemplo. Durante el primer año de mandato del PP en nuestra Comunidad fue modificada la Ley de Función Pública Valenciana mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, con el único objetivo de que las comisiones de servicios fueran consideradas una forma reglamentaria de provisión de puestos. Esta decisión ha provocado que miles de funcionarios valencianos se encuentren en precario al no haberse convocado en los últimos 7 años concursos de traslados en la mayoría de las categorías profesionales. Por si fuera poco, y para ahondar aún más si cabe en el despropósito, el PP intentó aumentar el salario a los interventores de la Generalitat un 60% mientras que al resto de empleados públicos le aplicaba una subida salarial del 2%.

Pero no se vayan todavía, aún hay más. A estas alturas no se ha completado ninguna Oferta Pública de Empleo, todavía se está desarrollando la del 99; las bolsas de trabajo no se renuevan y, lo que es peor, ni tan siquiera se tienen en cuenta a la hora de proveer puestos para interinos; se saltan a la torera la legislación vigente con nombramientos irregulares; de salud laboral mejor no hablar porque todavía no se han creado los servicios de prevención; el personal fijo lleva años esperando la mejora de empleo y el interino sigue sin tener la posibilidad de acceder a un empleo fijo al no convocarse oposiciones. La consolidación del empleo es un mito en la Función Pública Valenciana. Las reclasificaciones de puestos de trabajo sólo afectan a los amigos, los sumisos y a los que se pliegan a los intereses del PP. El favoritismo es la premisa del zaplanismo en la administración pública autonómica.

Y de la mesa de la Función Pública para qué hablar. Que le pregunten a los sindicatos sobre la capacidad de negociación que ha demostrado Zaplana y el PP a lo largo de estos años. El primer escollo ha sido siempre sentarse a negociar, porque el conseller debía obtener primero el visto bueno de su jefe supremo. Y si sentarse era difícil, alcanzar algún acuerdo ha sido prácticamente imposible a no ser que existiera Ðclaro estáÐ un inminente interés electoral. Ain así, los acuerdos alcanzados han sido rápidamente olvidados una vez superada la cita con las urnas.

Evidentemente son los propios profesionales de la Función Pública Valenciana los primeros que rechazan este modelo de gestión puesto en práctica por el PP en la administración autonómica. Pero lo más lamentable, como decía, es que la incompetencia de Zaplana y sus gobiernos la acaban pagando siempre las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Los socialistas creemos en una administración pública al servicio de las valencianas y los valencianos y apostamos por otra manera de ser y otra manera de actuar al frente de la Generalitat.