Jueves, 30 de mayo de 2002

EL LEVANTE-EMV

Los interinos «triunfan» en la oposición libre de altos funcionarios


J. R., Valencia.

La segunda prueba de la oposición de la Generalitat para cubrir cerca de 150 plazas de altos funcionarios ha sido devastadora para los cientos de aspirantes que habían conseguido superar el primer examen, consistente en un test. El segundo ejercicio, basado en temas de exposición, era de los tres el más subjetivo y, a tenor de los resultados, el que más cúmulo de suspensos ha concentrado, lo que ha causado un hondo malestar entre los aspirantes.

Según ha podido saber este diario son muchos los que ya lo han hecho o tienen previsto presentar recursos de alzada para exigir la revisión de su escrito.

Un repaso a la lista de aprobadas arroja datos que hablan por sí solos. De las 186 personas que han podido optar al tercer examen, casi un tercio son personal actual interino de la Administración, un número bastante elevado, si se tiene en cuenta que se trata de una oposición libre. Estos aspirantes trabajan para las diferentes conselleries en puestos destacados y hay casos en los que la relación de servicio con miembros del tribunal es evidente. Entre los de apellido conocido está el del allegado al conseller de Sanidad quien en su día fue nombrado en un puesto en la asesoría jurídica de la conselleria de Administraciones Públicas a las órdenes de Luis Cuesta, presidente del tribunal del grupo A.

Las maneras de Cuesta durante la lectura de los exámenes han sido muy cuestionadas por los opositores, que lamentan el trato dispensado. Otros datos son el elevado índice de suspensos entre quienes mejores notas sacaron en el primer examen. De los que tenían las 130 mejores notas está suspendido el 60%. En su conjunto se ha eliminado al 73%.

Estas pruebas han estado marcadas por la polémica desde el principio, ante la propia composición del tribunal y la existencia de relaciones de jerarquía y familia con aspirantes y altos cargos. Los opositores de la promoción interna (sólo han aprobado 12) han llevado el caso al Defensor del Pueblo.