Hacía ocho años que no se convocaban. Una hora antes del inicio de la primera prueba, muchos de los 3.000 aspirantes a una de las 150 plazas de funcionarios de la Generalitat del grupo A se dejaron caer en las dependencias del campus universitario de Tarongers. Hasta el último minuto se vieron consultas urgentes a ejemplares de constituciones y textos legales. No hubo ningún incidente de consideración, a pesar de que se trata de unas oposiciones polémicas. UGT ha instado dos veces al Tribunal Superior de Justicia (que ha desestimado la primera) a que anule la convocatoria por diversas irregularidades.