Un nutrido grupo de empleados interinos al servicio de la Administración autonómica en puestos del Grupo A con complemento de destino superior al básico rechazaron ayer que sus nombramientos hayan respondido a cualquier 'interés político'. Por el contrario, invocan el 'interés del servicio' como único argumento para su acceso a sus actuales puestos de trabajo a partir de su entrada en diversas bolsas de trabajo hace años.

La ausencia de ofertas de empleo público desde hace más de cinco años para plazas correspondientes al Grupo A ha generado cerca de 500 vacantes en puestos del más alto nivel administrativo que, necesariamente, se han dotado a través de desplazamientos de personal interino a través de comisiones de servicio.

Un afectado explica que a lo largo de sus casi diez años de trabajo al servicio de la Administración autonómica ha ocupado cuatro cargos diferentes. En todas las ocasiones, el responsable político de turno le ha ofrecido simultáneamente la carta de cese en su puesto y el alta en su nuevo destino. La tercera opción siempre ha sido el despido puro y duro.

Otras fuentes, sin embargo, recuerdan que la relación de personal interino en puestos del Grupo A que han sido admitidos para las oposiciones que deben dotar 150 plazas de la máxima categoría publicada el viernes por este diario se remonta exclusivamente a los designados desde marzo de 1999. Las mismas fuentes se interrogan sobre el volumen de empleados públicos ascendidos previamente por designación directa de sus responsables políticos. También recuerdan que tampoco se han computado los empleados del Grupo A que cobran el complemento base, los procedentes de la Administración especial (ingenieros, por ejemplo) o el personal laboral en puestos de máxima categoría.

El tribunal que debe juzgar los méritos de los aspirantes incluye tres altos funcionarios en comisión de servicio: el presidente, Luis Cuesta, y los vocales Manuel López Estornell y Enrique García de Fenech. No es el caso de Isabel Villalonga, la secretaria, como se deslizó por error en la misma información.

Temporalidad Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, por su parte, rechazó que exista precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica alegando que 'los contratos, horarios y sueldos de todos los empleados públicos se ajustan a la legalidad'. Admitió, sin embargo, 'la temporalidad de los interinos' que sirven a la Generalitat.

Cepeda estableció en un 28% el 'índice de temporalidad' entre los empleados de la Administración general y comparó el dato con el 24,15% que alcanzaba el mismo indicador en febrero de 1992 bajo administración socialista. Según Cepeda, 'la nefasta política de personal' desarrollada por los socialistas ha provocado la situacióna actual.