La precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica tiene dos caras. Por un lado, empleados interinos cubren miles de plazas de docentes o técnicos sanitarios que nunca han salido a concurso. Por otro, un selecto grupo de empleados en precario ocupan plazas del más alto nivel administrativo en razón de la confianza de sus superiores políticos. Al menos 125 interinos ocupan plazas del grupo A en la Administración autonómica por designación directa en puestos por encima del nivel básico y por un plazo de tiempo superior al establecido por ley.

Un decreto del Consell de marzo de 1999 que regulaba el reglamento de selección y provisión de puestos en la carrera administrativa establecía que las comisiones de servicio tendrían una duración máxima de un año prorrogable por un año más. Y exigía la convocatoria de concursos en ese plazo para dotar esas plazas.

Más de 300 empleados públicos nombrados en virtud de ese decreto deberían someterse ahora a concurso para conservar el puesto, entre ello 125 adscritos al más alto nivel administrativo. Pero los concursos previstos para dotar esas plazas de forma definitiva brillan por su ausencia.

El número de empleados interinos que ocupan puestos de máxima responsabilidad en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en virtud del decreto en cuestión resulta muy llamativo. La custodia del erario público es una de las tareas más sensibles y la transparencia y profesionalidad deberían estar a la base de la gestión de la arcas de la Generalitat. Por eso sorprende que 38 empleados de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo catalogados en el grupo A con nivel 22 o 24 hayan accedido a sus puestos en comisión de servicios por designación directa.

Entre los cargos de confianza al servicio de Vicente Rambla destacan el jefe de sección de caja y tesorería, un cargo técnico por excelencia; el jefe de sección de la comisión técnica del juego, un cargo sometido a todo tipo de presiones de parte de un poderoso sector; o el técnico de gestión y control de las ayudas públicas, un puesto en el que no debería caber el nepotismo bajo ningún concepto.

Los jefes de sección de inspección tributaria, de elaboración de los presupuestos, de las oficinas liquidadoras o de la unidad de valoración son otras tantas jefaturas ocupadas de forma interina por personal en comisión de servicios cuando la naturaleza de los puestos que desempeñan requiere una alta especialización y una evidente solvencia profesional mucho antes que el favor de los superiores.

La nómina de interinos de lujo se extiende a todas las consejerías con mayor o menor incidencia. Hacienda se dispara, pero también son numerosos los interinos del grupo A en el área de Presidencia (18), Sanidad (14) y Obras Públicas (13). Los interinos de lujo no llegan a la decena en el resto de consejerías, pero algunos resultan muy llamativos.

Sanidad, por ejemplo, mantiene a siete inspectores de los servicios sanitarios con carácter interino adscritos al grupo A con salarios del nivel 24. La inspección es una tarea en la que tampoco debería caber la confianza con los superiores. Aunque las recientes oposiciones para dotar 55 plazas de inspectores de Educación en las que 46 han recaído sobre empleados que ocupaban sus cargos de forma interina por designación directa pone de manifiesto una sospechosa vinculación del poder político con los profesionales al servicio de la Administración autonómica.

El proceder del Consell que preside Eduardo Zaplana en materia de función pública desde julio de 1995 parece encaminado en una misma dirección, el sacrificio de los profesionales de carrera en beneficio de la promoción de los funcionarios afines, según se desprende de las modificaciones introducidas en las sucesivas leyes de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat aprobadas desde entonces.

La regulación de la comisión de servicios como forma de dotar puestos de trabajo en la Administración autonómica para puestos vacantes y con carácter forzoso por necesidades de servicio se introdujo en diciembre de 1996.

En diciembre de 1997, un ligero retoque permitió elevar a ciertos interinos a puestos de máxima retribución al clasificar a ciertos interventores y al gabinete jurídico de la Presidencia de la Generalitat como un sector adscrito a la Administración especial. Una alteración que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló posteriormente en una sentencia que invoca principios como la publicidad, mérito, capacidad y libre concurrencia que están a la base del acceso a puestos de trabajo en cualquier adminsitración.

Un año después, la novedad consistió en la introducción del mecanismo de adscripción de personal mediante el nombramiento provisional por mejora de empleo, un procedimiento de urgencia que debía ser regulado para garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Tal regulación todavía está pendiente.

Los cambios legales introducidos por el Consell y la ausencia de convocatorias de empleo público durante los últimos años han provocado el malestar entre muchos funcionarios de carrera, que temen que las iniciativas para paliar la precariedad laboral en la Administración autonómica vayan encaminadas, en parte, a consolidar en sus puestos definitivamente a buen número de empleados nombrados a dedo durante los últimos años.

Muchos empleados públicos sienten que el Consell ha sembrado durante años un problema para intentar recoger ahora por vía de urgencia una cosecha interesada.