Eduardo Zaplana se quitó la chistera el último sábado de mayo en un acto de partido y extrajo una propuesta revolucionaria y muy poco meditada para solucionar la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica. La iniciativa provocó revuelo y generó inmediatas expectativas entre los cerca de 30.000 empleados públicos que no tienen garantizado su puesto de trabajo. A lo largo de toda la semana, el equipo del presidente de la Generalitat ha reunido a los responsables de personal de las áreas de Educación, Sanidad y Administración Pública, y a representantes sindicales y portavoces de las asociaciones de interinos para intentar trasladar al papel el sueño de una mañana de mayo. Pero apenas han logrado tropezar con la cruda realidad: la iniciativa es legalmente inviable si no se modifican previamente normas de rango estatal; los funcionarios de carrera se han movilizado ante lo que consideran un atentado contra su legítimo derecho a la promoción profesional; y los prolegómenos del posible pacto sólo han generado recelos entre los representantes laborales de los distintos sindicatos. Además, nadie parece haberse preocupado de calibrar la repercusión económica que tendría la incorporación a la plantilla fija de la Administración autonómica de semejante número de empleados sobre las mermadas arcas de la Generalitat. Ante el cúmulo de inconvenientes, Zaplana ha evitado enfangarse y ha optado por trasladar a Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, la presentación formal de la iniciativa del Consell ante el pleno de las Cortes esta semana.

Cuando Zaplana llegó a la Generalitat, en julio de 1995, los populares afrontaron con muchas suspicacias el pesado aparato de la Administración autonómica construido bajo mandato socialista. A lo largo de toda la primera legislatura, sin prisa pero sin pausa y, sobre todo, sin concursos, el Consell abusó de la provisión de plazas a través de la denominada comisión de servicios. Para acceder a un puesto en comisión de servicios sólo se requiere acreditar la titulación adecuada y gozar del favor del responsable político de la designación. Más aún, los responsables de Administración Pública intentaron convertir la provisión de plazas en comisión de servicio en una vía de acceso directo a la función pública o, al menos, traducir los años de servicio en un mérito computable en futuras ofertas de empleo público. Pero los tribunales han frenado ambas posibilidades.

Las necesidades de dotar las suplencias en las áreas de Educación y Sanidad obligan a mantener un cierto porcentaje de personal interino. Pero la ausencia de convocatorias de empleo ha disparado el volumen del personal que trabaja para la Administración en condiciones precarias. Las primeras ofertas de empleo público de entidad convocadas por la Generalitat desde 1995 fueron pactadas a finales de 1998, pero las pruebas apenas han empezado a hacerse efectivas este año.

Las protestas del personal interino al servicio de la Generalitat son recurrentes y llegaron a ser violentas en otros tiempos. Pero las movilizaciones no han sido especialmente significativas en los últimos meses, según coinciden en señalar varios representantes sindicales que expresan su sorpresa ante la espectacular iniciativa del presidente de la Generalitat mientras maniobran para ganar el favor de un número importante de trabajadores a los tradicionalmente han negado su apoyo, con la única excepción del STEPV.

Pero la propuesta sí ha levantado ampollas entre los funcionarios de carrera, que exigen resolver concursos de traslados y fomentar sus posibilidades de ascenso profesional antes de abrir la puerta de la Administración a muchos empleados públicos que nunca han superado un concurso de méritos.

El debate entre los responsables de recursos humanos de las distintas áreas también ha puesto de relieve la inexperiencia de ciertos directores generales para afrontar un reto de envergadura que exige hilar muy fino en materia jurídica, puesto que el recurso individual de cualquier ciudadano puede dinamitar cualquier pacto para resolver la situación sin una base legal adecuada.

González Cepeda está abocado a introducir en la futura ley de función pública de la Generalitat algún resquicio si pretende primar el acceso de los interinos en la Administración general. Un real decreto de 1999 permite al Consell cierta flexibilidad en el área de Sanidad. Pero los problemas legales son decisivos en Educación. En todos los casos, además, superar una oposición sequirá siendo requisito imprescindible.

Zaplana tiene una ocasión de oro para mostrar su capacidad de influencia sobre el Gobierno de Madrid, que también aireó el último sábado de mayo, puesto que su propuesta sólo sería viable si se modificaran ciertas leyes de rango estatal.

La oposición teme que el presidente sólo persiga hacer ruido para paralizar todos los concursos y mantener a muchos allegados en los puestos que ocupan por designación política. Pero defraudar las expectativas de los cerca de 30.000 empleados públicos que sirven en precario puede derivar en una rebelión. El feliz sueño de una mañana de mayo podría derivar entonces en una auténtica pesadilla.