Posada quiere elevar el número de funcionarios de la Administración

M.VALVERDE. Madrid

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Jaime Ignacio González, ha emprendido una negociación con Hacienda para suavizar la limitación impuesta en los presupuestos de los últimos años respecto a la entrada de nuevos funcionarios en todas las Administraciones. Esta limitación consiste en que, con algunas excepciones, cada años las Administraciones Públicas tan sólo pueden sustituir el 25% de las bajas de funcionarios. El objetivo de González es terminar con el crecimiento descontrolado de personal, no tanto en el Estado, como en las comunidades autónomas y, sobre todo, en los ayuntamientos, puesto que, como la subida salarial, el límite del 25% es una medida que obliga a todas las Administraciones. Por ejemplo, en la última década, el personal de la Administración del Estado ha descendido un 2,1%, hasta 800.000 funcionarios y personal laboral. Esto se debe a los recortes en la entrada de funcionarios y a los procesos de transferencias a las autonomías.

Por el contrario y, en parte también debido a la asunción de competencias, en este mismo periodo, el personal en las comunidades autónomas ha crecido en torno al 30%, hasta cerca de 700.000 funcionarios, y un 44,8% en los ayuntamientos, hasta superar el medio millón de empleados.

Además, con la modificación de lo que técnicamente también se conoce como tasa de reposición, Administraciones Públicas, cuyo titular es Jesús Posada, pretende frenar el crecimiento de la contratación temporal en el sector público. Esto se debe a que las Administraciones y, sobre todo los ayuntamientos, emplean trabajadores temporales para cubrir puestos de funcionarios, ya que el proceso de convocatoria de una plaza puede durar hasta dos años, desde que sale la oferta de empleo hasta que el trabajador ocupa el puesto. El problema de crecimiento de personal aparece cuando el trabajador interino termina quedándose como fijo.

Inflación de personal

Desde Hacienda se alega que la limitación en la sustitución de funcionarios ha servido para poner un cierto orden en una cuestión, como la contratación de personal en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, que el Estado dificilmente puede controlar, sobre todo, por la falta de información que tiene. Es decir, que si no existiese ese tope, la inflación de personal en el sector público sería mucho mayor.

Para frenar la temporalidad, González también está preparando la negociación con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los sindicatos de un pacto de estabilidad en el empleo en las Administraciones Públicas. Con el referente del acuerdo de estabilidad en el empleo que la patronal y los sindicatos alcanzaron en 1997, Administraciones Públicas está estudiando con el Ministerio de Trabajo distintas estadísticas, entre ellas la Encuesta de Población Activa, para intentar conocer el nivel real de empleo temporal en el sector público.